Por Miprv.com
Un grupo de ciudadanos y la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña Inc. (SOPI), ha recurrido nuevamente al Tribunal para reclamarle a las agencias del gobierno que cumplan con la ley y corrijan los límites del Caño Tiburones, el humedal estuarino más grande de Puerto Rico.
En el mes de enero de 2015 este grupo de ciudadanos presentó un Mandamus ante el Tribunal de San Juan para reclamar el cumplimiento de la Ley 314 del 24 de diciembre de 1998, mejor conocida como Ley de Humedales. En esa ocasión el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) solicitó la desestimación del caso, a lo que el tribunal contestó con un “no ha lugar” por entender que existen méritos en el caso.
Según denunciado por la portavoz del grupo, Ela M. Cruz Nazario, a finales del mes de diciembre del 2015 el DRNA radicó un Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, apelando la decisión de no desestimar el caso por parte del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
“Estas acciones del Departamento nos causan gran indignación, esta es la gran oportunidad para que el gobierno rectifique y haga las cosas bien finalmente”. Expresó además que en esta etapa avanzada del caso, las acciones del DRNA solo promueven dilatar el proceso y agotar los recursos y el tiempo de la parte demandante.
“Nosotros respondimos al llamado de negociar, estuvimos disponibles y presentes, es el DRNA quién ha mostrado una actitud totalmente contraria a lo que debe ser su norte” expresó el Lcdo. Pedro Saadé, representante legal de los demandantes. Este además expresó que la prueba que utilizarán para probar el caso, es prueba que ha preparado el propio departamento. No hay duda que el DRNA y la Junta de Planificación han incumplido con la Ley y así lo demuestra la evidencia presentada.
“Si el DRNA está convencido que el caso no tiene méritos, que sigan con los procesos que ya están encaminados y adelantados. Nosotros estamos listos y convencidos que estamos haciendo lo correcto, por lo que acciones como estas no restan energía y enfoque en nuestro reclamo por que las agencias cumplan con la ley”, expresó la portavoz del grupo.
Mientras, Israel Guzmán, presidente de la SOPI, expresó que “conociendo el compromiso con la conservación de la Honorable Carmen Guerrero, Secretaria del DRNA, habiendo sido ella misma protagonista de estas luchas, le hago un llamado público a reconsiderar esta posición y a que instruya a los abogados del Estado en el sentido de retirar esta acción de Certiorari. En el momento histórico por el que pasa nuestro país, las decisiones sobre nuestros recursos naturales no están exentos del requisito de tomar acciones valientes que promuevan el mejor bienestar para todos, a los que estamos ahora y las generaciones a quienes les debemos la protección de los recursos que heredarán. Este es el asunto que está en nuestras manos.”
El Caño Tiburones es reconocido a nivel internacional por su gran valor ecológico y su biodiversidad. Incluso la organización BirdLife International le ha otorgado la designación como Área Importante para las Aves en riesgo, este ecosistema es visitado por turistas de distintas partes del mundo que recurren a él por su atractivo paisaje y la gran diversidad de aves residentes y migratorias que se pueden encontrar.
En el 1983 solo se habían identificado en el área 81 especies de aves y actualmente gracias a la designación como reserva de una porción del humedal, al presente se han identificado unas 220 especies de ave, entre estas especies en peligro de extinción. Esto es evidencia del gran potencial de recuperación de este humedal y de su capacidad para albergar una gran diversidad de especies, según expresó Cruz.
“Basta con observar una imagen aérea del Caño o visitarlo para comprobar que los límites actuales están errados, se observa una continuidad en el paisaje que hace imposible determinar a simple vista donde comienza y dónde termina el límite de la reserva. De la única manera que se puede manejar un recurso adecuadamente, es si me maneja por completo, no por pedazos. Es por esto que reclamamos al DRNA y a la JP que cumplan con la ley y con su deber ministerial y que finalmente le hagan justicia al Caño Tiburones”, concluyó.
DRNA asegura que no se opone
En comunicado de prensa, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero Pérez, rechazó las expresiones de que la agencia se opone a una posible expansión de la Reserva Natural del Caño Tiburones, en Arecibo.
Guerrero Pérez señaló que el Departamento de Justicia—en representación del DRNA—presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones con relación al mandamus de la Sociedad Ornitológica de Puertorriqueña (SOPI), en el que se objeta el argumento de que la agencia incumplió con su deber ministerial en relación a la reserva natural.
“El DRNA favorece acciones de añadir terrenos de humedal a la reserva, pero rechazamos tajantemente la expresión de que se incumplió el deber ministerial de protegerla. Además, insistimos en que cualquier acción de esa naturaleza debe dotar a la agencia de los mecanismos o recursos para hacer las adquisiciones debido a la situación económica que enfrenta el gobierno”, declaró la titular.
Dijo que la agencia no incumplió la Ley Orgánica ni la Ley número 314 de 1998, que dio paso a la creación de la reserva, contrario a lo que establece la demanda de la SOPI porque los estatutos no exigían a la agencia ni a la Junta de Planificación, que se expandieran los lindes de la reserva a la totalidad de las siete mil cuerdas que componen en el caño.
“Esa no fue la intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley 314 de 1998. Sin embargo, sí favorecemos que se amplíe a los terrenos de humedal. Tampoco es cierto que el DRNA se ha negado a negociar. Se ha intentado establecer una negociación. Pero, hay que tomar en cuenta que el DRNA no es titular de los terrenos, gran parte de ellos pertenecen a la Autoridad de Tierras”, puntualizó.
“Quedó demostrado que el DRNA estableció un acuerdo con la Autoridad de Tierras, para la protección y manejo de la Reserva Natural Caño Tiburones. Por tanto, quedó establecido que el DRNA cumplió cabalmente con el deber impuesto en la Ley 314 de 1998 contrario a la alegación de la demanda”, subrayó la funcionaria al citar el recurso presentado por Justicia.