Por Miprv.com
El grupo de ciudadanos que lleva el caso en los tribunales para ordenar a las agencias a cumplir con la Ley 314 de 1998, mejor conocida como Ley de Humedales, respondió en el día de hoy a expresiones vertidas en la noche de ayer por parte de la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen Guerrero.
“Nos complace leer que la Secretaria favorece acciones de añadir terrenos de humedal a la reserva. No obstante las acciones en el tribunal son contrarias a este interés. Al momento la agencia más activa entorpeciendo la ampliación de la reserva es el DRNA. Esta activa oposición en el tribunal no tiene explicación alguna. Si en efecto no se oponen a la ampliación, que lo informen al tribunal y lleguemos a un acuerdo.” Expresó el Licenciado Pedro Saadé, representante legal de los demandantes.
“Establecido ya el propósito en común de protección entre las dos entidades, entiéndase DRNA y SOPI, la acción por parte de los representantes del Estado al solicitar el certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, pretende dirigir el proceso por una estrategia de dilatar si no detener el proceso iniciado. El cual entendemos, a raíz de la evidencia presentada, se encamina a lo que sería una decisión favorable para que el Caño Tiburones sea declarado reserva natural en toda su extensión. Estas acciones del estado van en la dirección contraria a lo expresado por la Honorable Secretaria. Esto sería un golpe mortal a la mejor oportunidad que haya tenido este reclamo universal por lograr este paso por la conservación de este valioso recurso. Este asunto me hace recordar el paso del famoso cometa Halley en el 1986, un evento único que muchos dejaron pasar, sin garantías de poder coincidir en el tiempo para experimentarlo nuevamente. De manera similar, si dejamos escapar este momento, el Caño Tiburones seguirá desprotegido, sin garantías de que los protagonistas con la voluntad para lograr una acción asertiva puedan volver a coincidir, quién sabe por cuántos ciclos más”, indicó Israel Guzmán, presidente de la SOPI.
“Al momento, no existe ni protección, ni manejo del Caño Tiburones. Este valioso recurso no ha sido prioridad para el Departamento responsable de su protección y es esto, lo que nos ha movido a recurrir al tribunal para que las agencias finalmente cumplan con la ley. El foro para dilucidar el caso ya está establecido, y es el Tribunal. Reiteramos la solicitud de apoyo del Departamento para que el proceso continúe. Nosotros estamos listos para continuar con el caso y presentar la evidencia disponible. Confiamos y exhortamos al DRNA que haga lo mismo y aproveche esta oportunidad para corregir los errores del pasado”, expresó la portavoz del grupo, Ela Cruz.
El grupo indica que reconoce el compromiso genuino de la Secretaria con la conservación y es por esto que hemos sido tan enfáticos en reclamar que la agencia muestre ese mismo compromiso en el tribunal. Es la Ley 314 quien otorga verdadera protección al Caño y no acuerdos que pueden ser derogados.
En cuanto al reclamo del DRNA de necesidad de fondos para que se adquieran terrenos, los demandantes indicaron que “estamos hablando de terrenos del propio gobierno por lo que se puede ampliar sin implicar costos significativos. La ampliación de la reserva por el contrario lo que si representa es un gran potencial económico para los vecinos y para el propio departamento”.
Finalizó diciendo que los ciudadanos que son parte del caso y la SOPI le extienden una invitación de buena fe al DRNA a unir esfuerzos con ellas y ellos para lograr la protección real del Caño Tiburones y que sea de esta forma consistente en sus expresiones.