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Por Aniel Bigio
Especial Miprv.com
Casi al vencer el término para la aprobación de medidas en la Asamblea Legislativa, el Senado bajará este viernes a votación un proyecto de ley que, según está redactado, podría sentar precedentes para privatizar espacios públicos costeros, en este caso, en La Parguera, Lajas.
Se trata del Proyecto 1621, radicado por los senadores Larry Seilhamer y Antonio Fas Alzamora, que persigue, entre otras cosas, detener las ocupaciones ilegales en uno de los sectores más turísticos de todo el país. Esa pieza legislativa, supo Mi Puerto Rico Verde, será aprobada en la sesión de hoy, pues cuenta con los votos necesarios, ya que es una medida bipartita.
Desde que fue presentado, el proyecto causó controversia pues concede espacio público a propietarios de casas de botes en ese sector de Lajas. Aunque el proyecto fue rechazado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Asociación de Pescadores de La Parguera y por líderes ambientalistas, otros, como el alcalde de ese municipio, favorecieron la medida, aunque no explicaron sus razones.
“Coincidimos en que el tema de las ocupaciones ilegales en la zona marítimo terrestre es uno que merece atención inmediata. No obstante, no favorecemos el Proyecto de la Senado 1621, según redactado, por entender que el mismo es incompatible con la naturaleza de los bienes de dominio público marítimo terrestre, los cuales le pertenecen a todo el pueblo de Puerto Rico”, opinó en vistas públicas la titular del DRNA.
“Tanto Recursos Naturales como el Plan Ambiental del gobernador Alejandro García Padilla han recomendado en los pasados años que se desarrolle una nueva Ley de Costas para Puerto Rico. Entre otras cosas, esta nueva Ley de Costas debe dar una directriz clara al DRNA sobre cómo atender todos los tipos de ocupaciones en la zona marítimo terrestre de cara al futuro. Lo anterior da paso a que logremos la legislación necesaria para proteger a la ciudadanía de riesgos costeros, a nuestras costas y recursos naturales, y a la vez brindar certeza jurídica”, agregó la funcionaria.
La planificadora recomendó en ese entonces una consulta al Departamento de Justicia para conocer la opinión de la agencia que vela por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Igualmente, sugirió que se cobre una multa por ocupaciones ilegales para que el propietario de la residencia la remueva en un tiempo determinado. El dinero, mientras tanto, iría a un fondo especial del DRNA para continuar los trabajos de la zona marítimo terrestre.
En las vistas, el licenciado Pedro Saadé Llorens, director de la Clínica de Servicios Legales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dijo estar preocupado porque se pretende atender unos problemas en la zona a la ligera.
El traspaso del uso de bienes públicos, como el mar, sus riberas, las playas y los mangles de la zona a patrimonios privados, a cambio de una cantidad nominal de arrendamieno, así como la extensión de la concesión gubernamental a intereses privados son algunas de las preocupaciones que el abogado ambientalista expresó.